12 de marzo de 2017

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, en materia de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (drones).



Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI.


La suscrita, Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, fracción VIII, 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene a bien someter a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

En la actualidad es cada vez más común el uso de tecnologías en las actividades cotidianas de la sociedad; principalmente en materia de comunicaciones, en las esferas productivas, el comercio, la forma en que se desempeñan algunas profesiones, el tiempo que ocupa realizarlas y el tiempo que queda disponible para la recreación, esparcimiento y entretenimiento.

Los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia, o drones, son un nuevo concepto en el ámbito aeronáutico, que la autoridad aeronáutica, la industria aeroespacial y la sociedad en general requieren comprender, definir, integrar y homologar para su adecuada operación. Estos sistemas se basan en novedades tecnológicas aeroespaciales de última generación, que ofrecen avances y pueden proporcionar nuevas y mejores aplicaciones tanto civiles, como de uso comercial,1 y que hasta el momento no han sido regulados por el Congreso de la Unión.

La iniciativa surge a partir de una serie de incidentes recientes que involucran a los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia. En algunos casos, los usuarios se han encontrado operando sus equipos muy por encima de los límites de altura que especifican los fabricantes; y en áreas o zonas restringidas, como son los aeropuertos o las cárceles.

Por otra parte, identificar a los operadores de aeronaves pilotadas a distancia que incurran en actos ilícitos hasta el momento es una labor que resulta difícil para las autoridades. El registro de estos sistemas permitirá localizar a los operadores que insistan operar sus equipos fuera de las limitaciones y requerimientos que la norma establezca.

Un mecanismo regulador de los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia en usuarios que persigan fines comerciales, recreativos, de investigación y desarrollo de tecnologías, debe establecer lo imperante que resulta operar este tipo de equipos con seguridad en todo momento.

Necesitamos un acercamiento sensible a la regulación y un método pragmático de su aplicación para aquellos que relegan las normas y reglamentos y ponen a otros en peligro. El problema es real y nos encontramos ante una gran cantidad de trabajo en esta área, pues no existen mecanismos puntuales que administren la regulación.

Esto ha llevado al Congreso a formular una serie de reglas en pro de la seguridad pública y de la aviación civil, con un enfoque particular que garantice que los usuarios siempre mantengan sus dispositivos dentro de su “línea visual” pero que también les permita disfrutar de todos los beneficios de operar una aeronave pilotada a distancia, sin causar ningún problema.

Argumento que lo sustenta

A continuación se presenta un cuadro que contiene los principales usos que los diferentes sectores de la población dan a las aeronaves pilotadas a distancia:




Tomando en cuenta los objetivos que tiene el uso de aeronaves pilotadas a distancia, la presente reforma pretende ahondar en la regulación sobre diseños industriales; en materia de utilización de radiofrecuencia y espacio radioeléctrico; los usos, comercialización y registro de estas tecnologías; así como de las responsabilidades de sus propietarios.

De ninguna manera se busca restringir los derechos de los niños en actividades lúdicas ni de adultos en actividades científicas o comerciales, pero es preciso apuntalar la necesidad de operar este tipo de aparatos responsablemente; cuando el manejo de estos sistemas sea realizado por personas menores de 18 años de edad sea con responsabilidad y bajo supervisión del propietario del equipo.

Queda claro que estos no son acontecimientos aislados en México, la realidad es que países como Estados Unidos, Australia, España, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, entre otros, han emitido diversos marcos regulatorios respecto al registro, uso y funcionamiento de los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia:



El marco legal en general no va más allá de una mera regulación técnica de las medidas de prevención de mal funcionamiento en los equipos o por fallo mecánico de sus sistemas.

En México, la única reglamentación que existe es la circular que emitió la Dirección General de Aeronáutica Civil, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuyo objeto es “establecer los requerimientos para operar un sistema de aeronaves pilotadas a distancia, y en su caso, obtener la aprobación del tipo de diseño de un sistema de aeronave pilotada a distancia o su autorización de operación”,2 además clasificó a los Sistemas, propuso un registro, pero sin establecer multas, penalizaciones o fincamiento de responsabilidades para quien no cumpla con dicha norma.

La forma de regular la aviación civil se ha basado hasta nuestros días en la noción de considerar que un piloto dirige la aeronave desde su interior y que esta comúnmente cuenta con pasajeros a bordo. Sin embargo el concepto de retirar al piloto de la aeronave plantea importantes problemas técnicos y operacionales cuya magnitud se está estudiando activamente en la comunidad aeronáutica.

En la coyuntura actual, podemos decir que nos encontramos en una fase transición, en la que categorías como los drones, la realidad virtual y los dispositivos portables se desarrollan, avanzan y se encuentran cada vez más al alcance de la población en general y no sólo a los círculos de investigación tecnológica.

El deber del Congreso de la Unión es crear una normatividad con grandes alcances, que advierta a aquel que pretenda hacer uso malintencionado de las nuevas tecnologías; una legislación inadecuada de estos vehículos aéreos no tripulados, deja la vía libre al espionaje y a la violación de la privacidad; es decir, asegurar la erradicación de aviones no tripulados en actividades ilícitas, ilegales, peligrosas o delictivas, como el narcotráfico y la delincuencia organizada permitirá poner freno a todos estos actos que afectan la seguridad pública.

De hecho, hay casos en el país donde el uso malintencionado de estas tecnologías ha sido protagonista; “en agosto de 2015, un dron con 28 libras de heroína cruzó la frontera entre México y Estados Unidos cerca de Calexico, en el sur de California. Las autoridades lograron detectarlo”.3 Distintos medios de comunicación en México han reportado que los narcotraficantes han pedido a ingenieros que diseñen drones específicos para su uso en el tráfico de drogas.4

Ante hechos similares al mencionado, el gobierno de Estados Unidos de América ha utilizado estos sistemas para patrullar la zona del Caribe, para detectar y vigilar a las naves sospechosas de trasladar droga por largas distancias y por mucho tiempo, dándoles otra herramienta para detener a los narcotraficantes. Asimismo, permitirán hacer grabaciones en video que pueden usarse en procesos judiciales.5

Estados Unidos es uno de los países pioneros en el uso de drones de tipo militar; pero el uso comercial y civil, se ha incrementado en la última década por el abaratamiento de los equipos y la evolución tecnológica que ha tenido este ramo. A finales de 2015, este país puso en marcha la regulación de los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia, a través de la Administración Federal de Aviación.

El Estado hace obligatorio el registro para toda persona mayor de 13 años de edad que posea un dron recreativo que pese entre 250 gramos y 25 kilogramos, el costo del registro es de 5 dólares por unidad.6 Ésta es una medida que comenzó a regir el 21 de diciembre de 2015. El registro de drones utilizados para fines comerciales se implantó en la primavera de 2016.

Para la presente iniciativa, se estimaron los ingresos por registro de ejemplares no militares en Estados Unidos, tomando en cuenta el costo del registro y el aproximado de unidades vendidas en 2015:


De estas proyecciones, se obtiene que el Estado perciba ingresos considerables del registro de este tipo de equipos, mismos que pueden ser utilizados para garantizar la integración segura de las aeronaves pilotadas a distancia en el sistema de aviación civil.

Por su parte, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional está apoyando la campaña Conoce Antes de Volar para educar a los usuarios potenciales acerca de la operación segura y responsable de los aviones no tripulados, mientras se gestiona estrechamente con la Organización de Aviación Civil Internacional, así como las partes que representan los aeropuertos, los proveedores y los pilotos de servicios de navegación aérea, para acordar un enfoque común.

La Dirección General de Aeronáutica Civil ha señalado que esta operación es muy dinámica, la misma fabricación de estos aparatos es [...] dinámica, está cambiando prácticamente año con año. Son más modernos, tienen tecnológica aeroespacial. Es una carrera por parte de las autoridades civiles para conocer las novedades y hacer los ajustes en sus respectivas reglamentaciones”.7 La fabricación de drones en México no es nueva; sin embargo, la demanda de estos aviones no tripulados en diversas industrias del país ha dado un nuevo impulso al negocio, lo que ha permitido colocar una firma mexicana dentro de las principales a escala mundial:






En 2015, las ventas de aviones no tripulados alcanzaron 1.5 mil millones de dólares incluyendo mil millones en ingresos esperados por Dajiang Innovation Technology Co, la empresa líder en fabricación de drones a nivel mundial. Las proyecciones de ventas y de investigación de mercado sugieren que en 2020 el mercado de aviones no tripulados del consumidor llegará a cuatro mil millones en ingresos.

Muchas industrias e instituciones académicas realizan pruebas con drones cada vez más inteligentes y autónomos, especialmente aquellas donde resultan útiles la vigilancia y la inspección automatizadas; en nuestro país los clústeres aeroespaciales han permitido establecer un nuevo marco legal, pues representan un gran nicho económico en materia de inversión, sobre todo en la inversión extranjera directa.

Dado este estudio de caso, se puede concluir que regular el uso de los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia resulta imperante y a su vez, resulta necesaria la creación de mecanismos específicos que promuevan la articulación entre la industria y las instituciones de educación e investigación en pro del desarrollo tecnológico del país.

A su vez, la demanda de estos aviones no tripulados en diversas industrias del país ha dado un nuevo impulso al mercado, el cual está siendo aprovechando por la industria, pero sobre todo, por los jóvenes mexicanos. Los expertos y fabricantes tienen conocimiento del trabajo que se realiza actualmente en el marco regulatorio para que los negocios puedan integrar drones a sus operaciones, el cual tiene como base los modelos de Inglaterra y Australia, países que ya cuentan con un sistema mucho mejor articulado.8

El sector aeronáutico en México cuenta con ventajas relevantes respecto a otras economías como su posición geográfica. La cercanía con dos de los principales centros de desarrollo de tecnología aeroespacial (Quebec y Seattle) abre la oportunidad para una integración industrial y tecnológica. Asimismo ventajas en los costos de operación. Cabe mencionar que también el país cuenta con disponibilidad de mano de obra calificada.9

ProMexico trabaja en el Programa Estratégico de la Industria Aeroespacial 2012-202010 El objetivo es ubicar a México entre los diez primeros países en proveeduría aeroespacial, que las exportaciones alcancen un valor de 12,000 millones de dólares al año, y que los productos y materiales; producidos y certificados lleven 50 por ciento de contenido nacional.

En México, las certificaciones internacionales son homologadas y convalidadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según la Secretaria de Economía, cerca de la mitad de las 270 empresas aeroespaciales en México cuenta con el ISO-9001 y poco menos de un tercio tiene la certificación especializada AS9100.

La industria aeronáutica ha registrado un crecimiento de 15 por ciento anual desde 2009, afirmó Ildefonso Guajardo en entrevista; por lo que las metas, son aumentar sus exportaciones a 12 mil millones de dólares para 2020 y generar 110 mil empleos para ese mismo año.

En el país, el panorama del desarrollo tecnológico es positivo; de acuerdo a la revista Technology Review , del Instituto Tecnológico de Massachusetts, México ha llevado a cabo diversos programas orientados al desarrollo de proveedores para generar y fortalecer la cadena productiva nacional en materia aeronáutica, pero de manera específica en el tema de los drones.

Según los datos de la Secretaría de Economía, el crecimiento que experimenta el sector aeroespacial mexicano, tendrá capacidad para exportar productos con un valor de hasta 12 mil 260 millones de dólares proyectados a 2020, con un crecimiento medio anual de 14 por ciento; el pronóstico se basa en la previsible actividad que generará la red de centros de investigación que dan soporte a sectores industriales como este. Esta red pretende la extensión de espacios de tecnología y busca que se provean servicios técnicos, de infraestructura y tecnología para partes y evaluación de equipo, así como para el soporte técnico y administrativo requerido para completar las certificaciones de producto y el desarrollo de proveedores.11

Por otra parte, ante el creciente uso de las aeronaves pilotadas a distancia, así como el acrecentamiento del desarrollo y producción de estos artículos dentro del país, las autoridades de protección civil, hacen una recomendación a los usuarios para no volar los drones cerca de la población: “es una situación muy delicada, esta herramienta ya puede ser del alcance de cualquier persona y precisamente por ese alcance tan fácil de adquirir un dron, se pueden generar muchas situaciones de riesgo”.12

Como se ha examinado, el uso de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia está parcialmente normalizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Aviación Civil, pero no por el Congreso, por lo que es necesaria la creación de normas permanentes y aplicables.

Otro tema, no menos importante, es la seguridad de la aviación civil. ¿Los sistemas de aeronave pilotada a distancia civiles representan una amenaza para la sociedad? Tony Tyler,13 el director general de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, exhortó a regular su actividad para impedir eventuales accidentes y lo señala como un problema real y creciente para la aviación civil.

Es cada vez más común que dicha asociación reciba informes de pilotos que señalan la presencia de drones en lugares inesperados, en particular volando a baja altitud alrededor de los aeropuertos, por lo que se señala pertinente el uso de tecnologías que permitan establecer comunicación con los aeropuertos en caso de tener que volar una aeronave pilotada a distancia cerca de ellos; así como definir las zonas restringidas y mecanismos para volar en ellas.

Sería incauto pensar que los Estados, las fuerzas militares y la población en general van a reducir su uso de aviones no tripulados. “Ellos están aquí para quedarse, pero no podemos permitir que sean una amenaza para la seguridad o impedimento de la aviación comercial”.14

El uso de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia con fines civiles y comerciales ofrece muchos beneficios en el sector de la investigación y desarrollo, que a nivel nacional se encuentra en un momento cumbre y de constante cambio; cada vez que se crea algo nuevo se abren nuevas posibilidades de aplicación en distintos sectores sociales, económicos y de producción.

Los fundamentos que apoyan la presente reforma, buscan analizar más a fondo la naturaleza, el alcance y el efecto que estos cambios tendrán en los fabricantes, los operadores y los pilotos de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia para garantizar la adecuada implantación de ella.

Fundamento legal

Por lo motivado y fundado; y con base en lo que disponen los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, fracción VIII, 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, quien suscribe somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Denominación del proyecto de decreto

Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Aviación Civil, en materia de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia

Texto normativo propuesto.

Artículo Único. Se reforma el artículo 1, se adicionan las fracciones II Bis y XVII Bis al artículo 2 y el capítulo IV Bis, “De los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia”, a la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular la explotación, el uso o aprovechamiento del espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, respecto de la prestación y desarrollo de los servicios de transporte aéreo civil y de Estado; así como de otras tecnologías que usan, explotan o aprovechan el espacio aéreo nacional.

...

Artículo 2. ...

I. y II. ...

II Bis. Aeronave pilotada a distancia: todo vehículo aeronáutico no tripulado en el que el piloto a los mandos no está a bordo del avión;

III. a XVII. ...

XVII Bis. Sistema de aeronave pilotada a distancia: conjunto de elementos configurables que consisten en un vehículo aeronáutico dirigido por control remoto, su estación asociada a un piloto remoto, los enlaces de mando y control requeridas y cualquier otro elemento del sistema que pueda ser necesario en cualquier momento durante la operación de vuelo;

XVIII. ...

Capítulo IV Bis
De las Aeronaves pilotadas a Distancia

Artículo 30 Bis. Son sujetos del presente capítulo las personas físicas o morales, que desarrollen, produzcan, posean y operen un sistema de aeronave pilotada a distancia dentro de los límites del espacio aéreo nacional. Toda persona o entidad que adquirirá, produzca, desarrolle, comercialice y realice operaciones con un sistema de aeronave pilotada a distancia, deberá obtener previamente una autorización de la Secretaría.

Artículo 30 Bis 1. Será necesaria la presentación de estudios técnicos y de seguridad realizados por la Secretaría para delimitar las operaciones automatizadas o autónomas, y estarán consideradas sobre una base según sea el caso. La Secretaría determinará las categorías que podrán contar con aprobación operacional.

Artículo 30 Bis 2. El piloto a cargo de la operación del sistema de aeronave pilotada a distancia deberá contar con la certificación expedida por la Dirección para tal efecto; asimismo deberá realizar las actualizaciones necesarias para su operación.

Artículo 30 Bis 3. La Secretaría determinará que operaciones de trabajos aéreos son actividades comerciales y no comerciales; estos trabajos podrán ser, entre otros:

I. Vista aérea de topografía;

II. Fotografía aérea;

III. Operaciones agrícolas;

IV. Investigación y desarrollo;

V. Exposiciones y demostraciones;

VI. Deporte y recreación; y

VII. Fines lúdicos.

Artículo 30 Bis 4. No se podrá hacer uso de estos aparatos con fines de espionaje u otra actividad ilícita similar.

Las que la autoridad judicial considere necesarias, y en las que se haga uso de estos sistemas de aeronaves pilotadas a distancia, no se encontrarán dentro de las restricciones de la presente ley.

Los trabajos de vigilancia aérea, búsqueda y rescate deberán estar a cargo de las autoridades de protección civil, las de seguridad pública y nacional como lo establece en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; por la Fuerza Aérea de conformidad con la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y demás aplicables.

Artículo 30 Bis 5. El registro de los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia tendrá como única gestión ofrecer un servicio de identificación único o matrícula para cada equipo y usuario. La secretaría deberá enviar bimestralmente a las instancias de seguridad pública y nacional, copia de dicho registro.

El registro de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia es de carácter obligatorio para personas físicas o morales que posean y operen un sistema de aeronave pilotada a distancia dentro de los límites del espacio aéreo nacional. El proceso de registro es independiente de los requerimientos para obtener un certificado de piloto remoto.

La secretaría determinará los requisitos que deberán de cumplir las personas físicas y morales para su registro. Los datos para el registro que son proporcionados a la secretaría se consideran de carácter privado.

Artículo 30 Bis 6. La secretaría recibirá una contraprestación por la expedición de matrículas a los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia, que quedará establecida en la Ley Federal de Derechos, atendiendo a la clasificación que establezca la secretaría.

La secretaría a través de la dirección se encargará de formular un curso orientado a la formación en los conocimientos de aviación que debe tener un piloto u operador de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia para el desarrollo de sus funciones El curso deberá ser desarrollado en función del cumplimiento de la presente ley.

Artículo 30 Bis 7. La secretaría solicitará al sistema de gestión de la seguridad operacional determinar los aspectos de seguridad, mismo que será publicado a través de la dirección para informar a los usuarios de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia el riesgo que podrían representar para otros usuarios del espacio aéreo y los miembros del público.

Artículo 30 Bis 8. Será de carácter obligatorio que los propietarios o responsables contraten con alguna institución de seguros autorizados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, una póliza que cubra la posible responsabilidad por eventuales daños a terceros o a sus respectivos equipos, resultantes de la operación del sistema de aeronave pilotada a distancia.

Será responsabilidad del titular del permiso, el propietario o poseedor de la aeronave pilotada a distancia cubrir las indemnizaciones por los daños causados, en términos de lo dispuesto en las disposiciones legales aplicables.

Artículo 30 Bis 9. Los propietarios o responsables de los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia estarán obligados a llevar una bitácora de los vuelos, donde quede registro de: tiempo de vuelo, lugar del vuelo, finalidad, incidentes, nombre del piloto, entre otros datos. Esta bitácora puede ser solicitada, en cualquier momento, por un funcionario autorizado o amparado ante la ley o sometida a revisiones periódicas por la dirección.

Los accidentes e incidentes graves serán notificados inmediatamente a la dirección, de conformidad con la Ley de Aviación Civil. Asimismo, es de carácter obligatorio que las notificaciones escritas sean presentadas dentro de las primeras 48 horas de un accidente, incidente grave o incidente de conformidad con la Ley de Aviación Civil.

Artículo 30 Bis 10. Será responsabilidad del fabricante o los fabricantes cumplir con los estándares técnicos establecidos en las normas ISO para la fabricación de este tipo de aparatos. La autoridad podrá prohibir su comercialización en caso de no cubrir, de conformidad con las gestiones que se ejecutan con otros equipos de alta tecnología. La empresa, particular o ente desarrollador deberá contar con el personal especializado para evitar en medida de lo posible que los productos finales tengan fallas.

El productor o desarrollador, ya sea persona física o moral estará encargado de crear software y aplicaciones cuyo objetivo sea ejecutar alguna función específica y será responsabilidad del mismo implantar la seguridad que requiera el sistema operativo para evitar que éste sea clonado o plagiado.

Los desarrolladores y técnicos especializados en sistemas de aeronaves pilotadas a distancia podrán realizar mejoras para optimizar sus funciones o incluso para que pueda desempeñar trabajos u operaciones que el sistema no pudiera realizar, siempre que la empresa que realice cambios sea dueña de la patente del producto, de conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial.

Artículo 30 Bis 11. Las infracciones a lo dispuesto en la presente ley cometidas por el operador del sistema de aeronave pilotada a distancia serán sancionadas por la secretaría de acuerdo con lo siguiente:

I. No tener vigente la licencia correspondiente, multa de 100 unidades de medida y actualización;

II. No utilizar el espacio aéreo segregado que le haya sido señalado multa de 145 unidades de medida y actualización;

III. No efectuar la conservación y mantenimiento de sus sistemas de aeronaves pilotadas a distancia y demás recursos que se relacionen con la seguridad y eficiencia del servicio, multa de 80 unidades de medida y actualización;

IV. Operar la aeronave sin licencia, multa de 85 unidades de medida y actualización. En caso de acreditar dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha del evento, que se contaba con licencia vigente, se aplicará una multa de 40 a 70 unidades de medida y actualización;

V. Operar la aeronave de manera negligente o fuera de los límites y parámetros establecidos por el fabricante de la misma, sin que medie causa justificada, multa de doscientos a mil unidades de medida y actualización;

VI. Volar sobre zonas prohibidas, restringidas o peligrosas, sin autorización de la secretaría, multa de 150 unidades de medida y actualización; y

VII. Arrojar o tolerar que innecesariamente se arrojen desde la aeronave pilotada a distancia en pleno vuelo, objetos o lastre, multa de 172 unidades de medida y actualización.

Por el incumplimiento con lo establecido en esta ley y demás disposiciones aplicables con relación a la implantación del sistema de gestión de la seguridad operacional por parte de los operadores o pilotos remotos, les será suspendida o revocada la licencia correspondiente, atendiendo a la gravedad de la infracción.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Si se obtiene el sistema de aeronave pilotada a distancia en el extranjero, el registro deberá realizarse directamente al registro nacional en un plazo no mayor de 30 días hábiles, a partir de la fecha en que la autoridad aduanal entregue el equipo a su propietario, señalando todas las especificaciones del equipo que sean pertinentes.

Tercero. La Secretaría emitirá, en un plazo que no exceda de 90 días, las normas ISO para la fabricación de sistema de aeronave pilotada a distancia.

Notas

1 Dirección General de Aeronáutica Civil (2015). Circular obligatoria que establece los requerimientos para operar sistemas de aeronaves pilotadas a distancia.

2 Obra citada.

3 La Opinión (2016), “Drones con drogas, la nueva modalidad de narcotráfico”, publicado el 13 de agosto de 2015: http://www.laopinion.com/2015/08/13/drogas-y-drones-la-nueva-modalidad- del-narcotrafico/

4 Obra citada.

5 Excélsior (2016), “Usarán drones en la lucha contra el narcotráfico”, publicado el 29 de abril de 2013: 
http://www.excelsior.com.mx/global/2013/04/29/896474

6 El Universal (2016), “Sanciones, a quienes vuelen drones sin registro en EU”, publicado el 29 de diciembre de 2015: 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2015/12/29/sanciones-quienes-vuelen-drones-sin-registro-en-eu

7 Declaración en “Amigos de la Aviación”, Aviation Safety Seminar, Monterrey, México, 16 y 17 de febrero de 2016. Para más información, consúltese http://seminarioamigos.mx/program.html

8 Martínez, Ana. El Financiero, 11 de junio de 2014: 
http://www.elfinanciero.com.mx/tech/mexicanos-se-vuelan-con-la-fabricacion-de-drones-a-la-medida.html

9 Secretaría de Economía (2016), Programa Estratégico de la Industria Aeroespacial 2012-2020.

10 http://economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/PROAEREO-12-03-2012.pdf

11 Consúltese MIT, Technology Review : 
http://www.technologyreview.es/blog/388/30735/el-despegue-de-los-drones-mexicanos/

12 Jorge Edson Vargas, director de Administración de Emergencias, Protección Civil de la Secretaría de Gobernación.

13 Tyler, Tony (2016). IATA. Consúltese el discurso completo en 
http://www.iata.org/pressroom/speeches/Pages/2016-02-15-01.aspx

14 Tyler, Tony. Obra citada.

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 7 de febrero de 2017.

Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica)

Fuente:

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, en materia de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia.
Presentada por la diputada Claudia Edith Anaya Mota, PRI.
Turnada a la Comisión de Comunicaciones.
Gaceta Parlamentaria, número 4714-III, martes 7 de febrero de 2017. (3020)


7 de diciembre de 2016

Iniciativa que reforma los artículos 3o., 27 Bis, 56, 58 y 70 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares

Se transcribe iniciativa:


Que reforma los artículos 3o., 27 Bis, 56, 58 y 70 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del PAN.


Alfredo Javier Rodríguez Dávila, diputado de la LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 3, modifica los artículos 56 y 58, y adiciona los artículo 27 Bis y 70 a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

I. Problemática

La reforma constitucional de 2014 en materia de transparencia, acceso a la información y de protección de datos personales ha generado la necesidad de crear nuevas leyes secundarias para regular las nuevas disposiciones constitucionales. De este modo, por ejemplo, se publicó en mayo de 2015 la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y actualmente en el Senado está pendiente de ser discutido y, en el caso, aprobado el dictamen por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

En este momento de actualización del marco jurídico nacional en esta materia resulta conveniente actualizar, asimismo, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. La iniciativa que aquí presento pretende hacerlo en tres aspectos: a) reconocer el derecho de los titulares de los datos a recibir una indemnización en caso de que sus derechos hayan sido vulnerados, como se hace en otros Estados; b) eliminar la posibilidad de que los particulares recurran al juicio de nulidad ante Tribunal de Justicia Fiscal y administrativa por las sanciones determinadas por el INAI, y c) establecer como “delito en materia de tratamiento indebido de datos personales” la vulneración (física o informática) de las bases de datos en posesión de los particulares.

II. Argumentación

1. Derecho a la indemnización

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares es el resultado de un esfuerzo que tuvo su origen en el Congreso de la Unión. En el dictamen realizado en 2010 por la Comisión de Gobernación, los legisladores señalaron la necesidad de contar con una legislación que regulara el uso de la información en posesión de los particulares y que permitiera contar con formas de garantizar los derechos de los titulares de la información. Lo anterior permitiría, asimismo, contrarrestar el atraso que la legislación mexicana presentaba en la materia, en comparación con otros países.

En el dictamen puede encontrarse un extenso análisis acerca de diferentes instrumentos internacionales y casos de legislación extranjera, en el que se explica cómo la protección de los datos personales es en realidad una de las maneras de salvaguardar el derecho de toda persona a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada.

Entre los instrumentos jurídicos a los que el dictamen hace referencia, se encuentra la Directiva 95/46/CE de la Unión Europea, por medio del cual los Estados miembros homologaron su normativa nacional a efecto de permitir el libre intercambio de datos entre ellos, pero garantizando en todo momento su uso correcto y la protección de los mismos. Entonces los legisladores mexicanos advirtieron: “en América Latina, únicamente Argentina cuenta con el reconocimiento de la Unión Europea como país con nivel adecuado de protección de datos... mismo que representa para la economía argentina ingresos anuales significativos tan sólo en el terreno de las inversiones en el ámbito de la investigación médica y de ensayos clínicos”.1 De lo anterior puede entenderse que la actual Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares encontró en este documento de la Unión Europea una fuerte influencia.

Sin embargo, esa Directiva estipuló, desde 1995, “que los daños que pueden sufrir las personas a raíz de un tratamiento ilícito han de ser reparados por el responsable de tratamiento de datos”.2 Es decir, las personas cuyos derechos fueron vulnerados por los responsables del tratamiento de datos, tienen –asimismo– el derecho a obtener la reparación del daño.

De los dictámenes que dieron lugar a la ley vigente en México no puede determinarse cuáles fueron los motivos por los cuales en el catálogo de los derechos de los titulares de los datos, el de la reparación de daños no haya sido incluido, pues ni siquiera es mencionado. No obstante, si los legisladores no hicieron mención al porqué el derecho a la reparación de daños no fue establecido en la legislación, tampoco especificaron por qué no debe ser incluido.

Cabe recordar que el objeto de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDP) es el de “la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular sus tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas” (Artículo 1). Precisamente, una de las formas de hacer efectiva esa protección es reconociendo el derecho a la reparación del daño.

Es cierto que la ley ya determina qué conductas, por parte de los responsables del tratamiento de datos, constituyen infracciones, así como las sanciones que a éstas corresponden. De igual forma, contiene un capítulo en el que se especifican cuáles son los delitos en materia de tratamiento indebido de datos personales. Sin embargo, con el actual sistema de sanciones, el titular de la información –que es el sujeto directo de los derechos– queda prácticamente marginado. En dado caso, a lo más que puede aspirar es a que el particular responsable que comete una infracción respete los derechos del titular, después de haberlos vulnerado.

Más allá de las infracciones y las penas que ya señala la ley, debe tenerse presente que la importancia de la reparación del daño radica en que es uno de los modos con los que cualquier sistema democrático debe contar a fin de prevenir la repetición de las conductas que incurren en infracciones o delitos y, sobre todo, para hacer efectivo los derechos de los titulares de la información.

Debido a que el fin que persiguen los particulares que hacen uso de los datos personales no es otro que el del lucro, la modificación a la ley que aquí se plantea (mediante la creación de un artículo 27 Bis) propone que la reparación del daño se dé mediante el otorgamiento de una indemnización monetaria. Corresponderá al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) decidir las maneras en que se fijarán los montos de las indemnizaciones. Se considera que al facultar al INAI a fijar las indemnizaciones, y no especificarlas desde el texto de la ley, se respeta la autonomía que la Constitución le otorga al Instituto y se garantiza que se ciñan al principio constitucional de proporcionalidad, de acuerdo a cada caso particular.

Por último, la modificación propone que en la determinación de los montos de indemnizaciones se considere como agravante el manejo de datos personales sensibles,3 en el uso ilícito de información.

No omito señalar que el artículo 58 de la Ley estipula actualmente que los titulares que consideren que haya sufrido un daño en sus bienes o derechos como consecuencia del incumplimiento a lo dispuesto en la Ley por el responsable o el encargado del tratamiento de información “pueden ejercer los derechos que estimen pertinentes para efectos de la indemnización que proceda, en términos de las disposiciones legales correspondientes”.

De lo anterior deben destacarse dos aspectos: en primer lugar, si bien la legislación enuncia la posibilidad del titular de los datos a solicitar una indemnización, no la reconoce como un derecho y, por tanto, para que la indemnización pueda darse depende de la decisión y la iniciativa que el titular tenga para promover un recurso jurídico (y, en el caso, que éste proceda en un sentido favorable) y no como un acto a priori que deba darse como consecuencia de la vulneración de un derecho. En segundo lugar, el artículo 58 se limita a enunciar que el titular puede “ejercer los derechos que estimen pertinentes para efectos de la indemnización que proceda, en términos de las disposiciones legales correspondientes”; debe hacerse notar que este enunciado es por lo menos ambiguo y confuso y que, por tanto, contraviene al principio del derecho de la claridad que debe tener toda disposición jurídica. Por tal motivo, se propone la modificación de este artículo, vinculándolo con el artículo 27 Bis propuesto.

2. La incompatibilidad actual del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

a) La reforma constitucional de 2014 hizo del INAI un organismo con autonomía, “responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados” (fracción VIII del inciso “A”, artículo 6 de la Constitución).

Es importante señalar que la constitución establece que este organismo garante (el INAI) tiene competencia de conocer los asuntos en la materia de cualquier autoridad u organismo de los tres poderes de la unión, además de órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal. También le corresponde conocer de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de las entidades federativas.

El párrafo séptimo de ese mismo inciso señala: “las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados”. De igual forma advierte que es posible interponer un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación siempre y cuando las resoluciones “puedan poner en peligro la seguridad nacional”.

b) Ahora bien, actualmente la LFPDP señala en su artículo 56: “Contra las resoluciones del Instituto, los particulares podrán promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa”.

Esta disposición buscó en su momento garantizar el derecho de todo particular a ejercer una acción jurídica contra la resolución de cualquier autoridad. Cabe mencionar que la LFPDP fue publicada en julio de 2010. Es decir, fue publicada antes de la reforma que diera lugar al INAI como organismo garante con autonomía constitucional, y cuando el organismo encargado a nivel federal de la protección de datos era el IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos).

El IFAI, de acuerdo a la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, era un organismo de la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, y por este motivo fue que la LFPDP contempló al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa como la instancia ante la cual los particulares pudieran acudir a promover el juicio de nulidad contra sus resoluciones.

Debe recordarse que el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal mencionado establece que éste puede conocer de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos dictados por autoridades fiscales federales, organismos fiscales autónomos, o bien que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales (entre otros supuestos). Asimismo, debe tenerse en cuenta que el juicio de nulidad en general, puede ser promovido también por las autoridades administrativas.

c) De lo anterior se concluye que ya no puede corresponder al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el conocimiento de los juicios de nulidad que los particulares promovieran ante las resoluciones del organismo encargado de la protección de datos personales, debido a que éste posee, desde 2014, un carácter de autonomía constitucional y no uno administrativo (como sí lo tenía IFAI).

El hecho de que la LFPDP continúe permitiendo el juicio de nulidad para particulares, contraviene al artículo 6 de la Constitución que –como se ha visto– indica que “las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados”. Si bien es cierto que los particulares que tratan datos personales no hacen parte de la categoría de “sujeto obligado”, no puede negarse que por sus actividades son responsables de la protección de los datos personales con los que trabajan. Por este motivo es que la presente iniciativa busca modificar el artículo 56 de la LFPDP.

Esta posible modificación no vulneraría el derecho de los particulares a recurrir una resolución de la autoridad competente pues, como en la Ley Federal de Transparencia de Acceso a la Información Pública vigente, se propone establecer que contra las resoluciones de sanción del Instituto procederá el juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación.

d) Además, esta propuesta de modificación responde a una problemática en particular, dado que la posibilidad de promover el juicio de nulidad ha provocado que la facultad sancionatoria del Instituto carezca, en la práctica, de verdadera efectividad: durante los primeros cinco años de vigencia de la LFPDP, el Instituto sólo ha podido hacer efectivo el pago de una sola multa; todas las demás se encuentran en litigio ante Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.4

3. La necesidad de tipificar el acceso ilícito a las bases de datos de los responsables

Por último, esta iniciativa propone tipificar el acceso ilícito a las bases de datos personales en posesión de los particulares, ya que tanto en la LFPDP como en el Código Penal Federal se omite este acto como delito y, por tanto, no existen consecuencias punitivas contra el mismo. Esta omisión no es menor, pues presenta un rezago de México en la materia, ya que legislaciones como la argentina o la española tipificaron la actividad desde hace más de quince años.

En el capítulo X de la ley vigente –de las infracciones y sanciones–, únicamente se considera como infracción la vulneración de “la seguridad de bases de datos, locales, programas o equipos, cuando resulte imputable al responsable”. Pero no se hace referencia a la vulneración de las bases de datos que los responsables pudieran sufrir, de forma ilícita, por parte de terceros.

Por este motivo se hace la propuesta de agregar un artículo 70 a la LFPDP para sancionar con hasta siete años de prisión “al que por cualquier medio accediera, violando sistemas de confidencialidad y seguridad, a las bases de datos en posesión del responsable.”

Adicionalmente, se contempla que en caso de que una vulneración de este tipo ocurriera, el Instituto deberá sancionar al responsable del manejo de datos personales con una multa equivalente a la establecida en la fracción II del artículo 64 de la Ley. Lo anterior se propone, tomando en cuenta que:

1) En buena medida, la vulneración de bases de datos, por parte de terceros, puede ocurrir por negligencia de los responsables de los datos y esta modificación de ley obligaría a los responsables a priorizar los aspectos relacionados con la seguridad de sus bases de datos;

2) A este tipo de acción no puede corresponder una sanción mayor o igual a aquella que se impone cuando en la vulneración de la seguridad de bases de datos resulta “imputable el responsable” –como lo establece la fracción XI del artículo 63 de la Ley–, dado que el sujeto imputable en este supuesto sería un tercero.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la fracción XI del artículo 3, modifica los artículos 56 y 58, y se adicionan los artículos 27 Bis y 70 a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.


Artículo Único. Se reforma la fracción XI del artículo 3, se modifican los artículos 56 y 58, y se adicionan los artículos 27 Bis y 70 a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares para quedar como sigue:


Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por

I. a X. ...

XI. Instituto: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a que hace referencia la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública .

Artículo 27 Bis. El Titular tendrá derecho a recibir la indemnización correspondiente, por parte del Responsable, cuando uno o más de los derechos reconocidos en esta ley le sean vulnerados.

La indemnización tendrá lugar cuando el Instituto determine que el responsable incurrió en una o más de las infracciones señaladas en el artículo 63 de esta Ley.

El Instituto elaborará los criterios mediante la cual se establecerán las formas de determinar los montos de las indemnizaciones, procurando la proporcionalidad entre el monto de la indemnización y la infracción cometida, y teniendo en cuenta como agravante el tratamiento de datos personales sensibles.

Artículo 56. En contra de las resoluciones derivadas del procedimiento de imposición de sanciones previsto en esta Ley, procede el juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación.

Artículo 58. Los titulares que consideren que han sufrido un daño o lesión en sus bienes o derechos como consecuencia del incumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley por el responsable o el encargado, podrán ejercer los derechos que estimen pertinentes para efectos de la indemnización que proceda, en términos del artículo 27 Bis de esta Ley .

Artículo 70. Se sancionará con una pena de uno a siete años de prisión al que por cualquier medio accediera, violando sistemas de confidencialidad y seguridad, a las bases de datos en posesión del responsable.

Cuando la autoridad judicial competente determine que se ha incurrido en el delito señalado en el párrafo anterior, el Instituto sancionará al responsable del tratamiento de datos personales conforme a la fracción II del artículo 64 de esta Ley.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales contará con un plazo de hasta un año, a partir de la publicación del decreto, para emitir y publicar los lineamientos en los que se establezca los criterios señalados en el artículo 27 Bis de esta Ley.

Notas

1 Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares..., 25 de marzo de 2010. Página 24. Disponible en internet en:

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/231 031/621446/file/Version_final_ley_proteccion_datos_personales.pdf.

2 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, considerando 55.

3 De acuerdo con el artículo 3, fracción VI, se consideran como datos personales sensibles aquellos “que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual”.

4 Urrutia Alonso, “en 5 años, el Inai sólo ha cobrado una multa en materia de protección de datos”, La Jornada, Sec. Política, 23 de noviembre de 2015. Disponible en internet en:

http://www.jornada.unam.mx/2015/11/23/politica/004n2pol

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 4 de octubre de 2016.

Diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica)

Fuente:

Gaceta Parlamentaria, año XIX, número 4631-V, martes 4 de octubre de 2016

Que reforma los artículos 3o., 27 Bis, 56, 58 y 70 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del PAN 





14 de noviembre de 2016

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica.

Se transcribe la iniciativa:

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN.

El diputado federal Luis Fernando Antero Valle, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional representado en esta LXIII Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción IX; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tengo a bien someter a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Competencia Económica, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El proyecto presentado este día surge a partir de la necesidad de otorgar mejores garantías a todos los mexicanos, en lo relativo a la competencia económica dentro del país. En razón de ello, este documento contiene una propuesta que busca mejorar la regulación del órgano más importante en dicha materia: la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

De conformidad con el artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica, la Comisión es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño, imparcial en sus actuaciones y ejercerá su presupuesto de forma autónoma, misma que tiene por objeto garantizar la libre concurrencia y competencia económica, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.

La importancia de defender la competencia económica radica en la obligación constitucional que tiene el Estado, de velar por el desarrollo nacional en fomento del crecimiento económico, para beneficio de todo individuo, grupo y clase social. La política de competencia promueve un entorno que incentive a las empresas a operar eficientemente, ofreciendo más y mejores bienes y servicios que sean atractivos para los consumidores.

De acuerdo con la propia Cofece, en un mercado competido los consumidores acceden a una mayor variedad de productos, menores precios y mayor calidad, situación que genera un aumento del bienestar social. Esta comisión, creada en 2013, ha desempeñado importantes labores en apego a lo dispuesto por la legislación federal que la rige; sus acciones se sitúan, principalmente, en las siguientes áreas de competencia:

• Ordenar medidas para eliminar barreras a la competencia y la libre concurrencia.

• Practicar visitas de verificación para comprobar el cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica.

• Formular denuncias y querellas ante el Ministerio Público, por probables conductas delictivas en la materia que le compete.

• Establecer convenios de coordinación con autoridades públicas, para la defensa de la competencia económica.

• Resolver sobre la existencia de prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas y demás violaciones de la ley, para aplicar sanciones a los agentes económicos responsables y ordenar las medidas pertinentes.

• Realizar investigaciones cuando existan elementos que hagan suponer la existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia o insumos esenciales.

• Emitir opiniones no vinculantes sobre programas y políticas de las autoridades públicas, así como sobre actos administrativos de carácter general que puedan tener efectos contrarios al proceso de libre concurrencia y competencia económica.

• Emitir opiniones no vinculantes sobre leyes u otras disposiciones, así como sobre iniciativas y anteproyectos, en lo tocante a los aspectos de libre concurrencia y competencia económica.

• Opinar sobre asuntos relacionados con la libre concurrencia y la competencia económica, en la celebración de tratados internacionales.

• Publicar las disposiciones regulatorias necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones.

• Emitir opiniones formales, cuando éstas le sean solicitadas por Agentes Económicos.

De lo anterior, se desprende que la Cofece es uno de los órganos que actualmente tienen mayor relevancia para las actividades económicas mexicanas. Al mismo tiempo, se trata de un órgano en el cual recae una inversión nacional importante: en el último informe trimestral de esta Comisión se reporta que, durante 2015, su gasto ejercido fue de 466 millones 724 mil 900 pesos.

Cabe mencionar que la Cofece recibió, a finales de 2015, el VI Reconocimiento de Buenas Prácticas en el uso de los Resultados de Monitoreo y Evaluación en el Ciclo de las Políticas Públicas, otorgado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Tal distinción premió el desempeño de la Cofece, así como sus esfuerzos adicionales por realizar ejercicios de monitoreo, de mejora de la política de competencia y de rendición de cuentas, conforme a las mejores prácticas en la materia a nivel internacional.

No obstante, el adecuado rendimiento que la Cofece ha tenido desde su creación contrasta con las deficiencias del marco jurídico que la regula. Las fallas de la Ley Federal de Competencia Económica consisten en notorias limitaciones al ejercicio de las facultades de la Cofece, mismas que se indican enseguida:

• Aunque la comisión puede emitir opiniones y recomendaciones a autoridades públicas, con el fin de proteger la política de competencia económica, este tipo de pronunciamientos carecen de efectos vinculantes.

• Se sujeta el orden de prioridades en el procedimiento de investigación, a la solicitud del Ejecutivo federal, lo que resta autonomía a la Comisión para determinar el orden de sus trabajos.

• La ley establece disposiciones confusas sobre las competencias de la Cofece y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuando se deba conocer de un asunto dentro de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones. En caso de controversias sobre las competencias de estos órganos, se debe acudir a los Tribunales Colegiados de Circuito especializados en la materia.

• La ley contempla las figuras de información reservada, información confidencial e información pública, de manera ambigua, no concordante con los estándares constitucionales y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Es en vista de las mencionadas deficiencias, y considerando la importancia de contar con un buen marco jurídico para una institución como la Cofece, que hoy someto a consideración de esta honorable Cámara, un proyecto de decreto para reformar la Ley Federal de Competencia Económica, atendiendo a los ejes siguientes:

1. Dar carácter vinculante a las recomendaciones y opiniones de la Comisión, a fin de dar mayor firmeza y fortaleza a su actuación.

2. Establecer la obligación de las autoridades públicas, de consultar con la Comisión los posibles efectos anticompetitivos de sus decisiones, actos o disposiciones generales; asimismo, la obligación de responder en forma justificada a las recomendaciones emitidas por la Comisión.

3. Retirar el carácter preferente de las investigaciones solicitadas por el Poder Ejecutivo, para que la Comisión sea autónoma en la organización de sus prioridades.

4. Especificar que los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones serán de competencia exclusiva del IFT, en materia de competencia económica, según lo reza el artículo 28 Constitucional, así como la tesis jurisprudencial P./J. 44/2015.

Además, detallar los principios para la colaboración entre la Comisión y el Instituto cuando exista competencia concurrente, así como establecer un mecanismo para solución de controversias competenciales, en el cual resuelvan las autoridades investigadoras de la Cofece y el IFT.

Lo anterior, con el fin de no judicializar las cuestiones de competencia en la materia de la Ley, y respetar la autonomía de la Comisión y del Instituto.

5. Homogeneizar la definición de información reservada, confidencial y pública, con la de la legislación federal en materia de transparencia.

Con este proyecto, el suscrito diputado busca fomentar una mejor operación de la Comisión Federal de Competencia Económica, por medio de un marco legal que rija sus actividades con claridad y respeto a su autonomía. Estos cambios, sin duda, contribuirán al impacto positivo de la Cofece en el ámbito económico mexicano.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y haciendo uso de las facultades que me otorga el orden constitucional y legal vigente, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforman los artículos 3, fracciones IX y XI; 5; 12, fracciones XII, XIII, XIV, XV, XVIII y XIX; 94, fracción VII, inciso a, párrafo segundo; 96, fracción X; 104, párrafo cuarto; y 124, párrafo primero; se adicionauna fracción XVI al artículo 3; un artículo 4 Bis; y un artículo 5 Bis; y se deroga el párrafo segundo del artículo 66; todos de la Ley Federal de Competencia Económica, para quedar como sigue:

Artículo 3. ...

I. a VIII. ...

IX. Información Confidencial: Aquélla que de divulgarse pueda causar un daño o perjuicio en la posición competitiva de quien la haya proporcionado, contenga datos personales cuya difusión requiera su consentimiento, pueda poner en riesgo su seguridad o cuando por disposición legal se prohíba su divulgación. Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

X. ...

XI. Información Reservada: Aquélla a la que sólo los Agentes Económicos con interés jurídico en el procedimiento pueden tener acceso, y cuya divulgación pueda:

a) Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional;

b) Menoscabar la conducción de las negociaciones o bien, de las relaciones internacionales, incluida aquella información que otros estados u organismos internacionales entreguen con carácter de confidencial al Estado mexicano;

c) Dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país;

d) Poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona; o

e) Causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado.

XII. a XV. ...

XVI. Comité Concurrente: Aquél a que se refiere el artículo 5 de la presente Ley, y que tiene como fin dirimir los conflictos de competencia entre la Comisión y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Artículo 4 Bis. Toda autoridad pública está obligada a consultar ante la Comisión los posibles efectos de sus decisiones, actos o disposiciones generales, cuando éstos puedan tener efectos contrarios a la libre concurrencia o al proceso de competencia económica. Las autoridades, asimismo, responderán siempre por escrito a las recomendaciones emitidas por la comisión.

Artículo 5. El Instituto Federal de Telecomunicaciones es la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes establecen para la Comisión, conforme a la estructura que determine en su estatuto orgánico.

Serán competencia exclusiva del Instituto Federal de Telecomunicaciones, los asuntos donde se involucren prácticas de Agentes Económicos con actividades de:

a) Uso, aprovechamiento o explotación del aspecto radioeléctrico;

b) Uso, aprovechamiento o explotación de las redes públicas de telecomunicaciones;

c) El manejo de infraestructura activa o pasiva de las redes de telecomunicaciones o radiodifusión; y

d) La prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión.

En el momento en que alguno de los órganos mencionados en el primer párrafo tenga información de que el otro conoce de un asunto que a aquél le corresponda, le solicitará le remita el expediente respectivo. Si el órgano solicitado estima no ser competente deberá remitir el expediente, dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la solicitud. Si considera que lo es, en igual plazo hará saber su resolución al órgano solicitante, en cuyo caso suspenderá el procedimiento y remitirá el expediente al Comité Concurrente, para que dentro del plazo de diez días resuelva sobre la competencia.

En el caso de que alguno de los órganos mencionados en el primer párrafo de este artículo que conozca de un asunto estime carecer de competencia para conocerlo, enviará dentro de los cinco días siguientes el expediente respectivo al otro órgano. Si éste acepta la competencia, se avocará al conocimiento; en caso contrario, dentro de los cinco días siguientes comunicará su resolución al órgano que declinó la competencia y remitirá el expediente al Comité Concurrente, para que dentro del plazo de diez días resuelva sobre la competencia.

Los plazos previstos en esta Ley estarán suspendidos desde el inicio de cualquier procedimiento previsto en este artículo hasta su resolución.

Artículo 5 Bis. El Comité Concurrente será integrado por dos integrantes del pleno del Instituto y dos integrantes del pleno de la Comisión, y tendrá como fin dirimir los conflictos de competencia entre la Comisión y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

De la misma manera, el Comité Concurrente determinará los casos de concurrencia en que, por tratarse de asuntos donde operen agentes económicos sujetos a competencia de ambos órganos, éstos deban trabajar de forma conjunta en la resolución de los asuntos; para lo cual se encargará de fijar las bases de coordinación.

Las decisiones del Comité Concurrente se tomarán por unanimidad.

Artículo 12. ...

I a XI. ...

XII. Emitir opinión cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, o a petición de parte, respecto de los ajustes a programas y políticas llevados a cabo por Autoridades Públicas, cuando éstos puedan tener efectos contrarios al proceso de libre concurrencia y competencia económica de conformidad con las disposiciones legales aplicables, teniendo estas opiniones efectos vinculantes . Las opiniones citadas deberán publicarse;

XIII. Emitir opinión cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, o a petición de parte, respecto de los anteproyectos de disposiciones, reglas, acuerdos, circulares y demás actos administrativos de carácter general que pretendan emitir Autoridades Públicas, cuando puedan tener efectos contrarios al proceso de libre concurrencia y competencia económica de conformidad con las disposiciones legales aplicables, teniendo estas opiniones efectos vinculantes . Las opiniones citadas deberán publicarse;

XIV. Emitir opinión cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o a petición de parte, sobre iniciativas de leyes y anteproyectos de reglamentos y decretos en lo tocante a los aspectos de libre concurrencia y competencia económica, teniendo estas opiniones efectos vinculantes . Las opiniones citadas deberán publicarse;

XV. Emitir opinión cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, o de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, respecto de leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y actos administrativos de carácter general en materia de libre concurrencia y competencia económica, teniendo estas opiniones efectos vinculantes . Las opiniones citadas deberán publicarse;

XVI. ...

XVII. ...

XVIII. Opinar cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, o de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión sobre asuntos en materia de libre concurrencia y competencia económica en la celebración de tratados internacionales, en términos de lo dispuesto en la ley de la materia, teniendo estas opiniones efectos vinculantes ;

XIX. Opinar sobre la incorporación de medidas protectoras y promotoras en materia de libre concurrencia y competencia económica en los procesos de desincorporación de entidades y activos públicos, así como en los procedimientos de licitaciones, asignación, concesiones, permisos, licencias o figuras análogas que realicen las Autoridades Públicas, cuando así lo determinen otras leyes o el Ejecutivo Federal mediante acuerdos o decretos, teniendo estas opiniones efectos vinculantes ;

XX a XXX. ...

Artículo 66. La investigación de la Comisión iniciará de oficio, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, de la Procuraduría o a petición de parte y estará a cargo de la Autoridad Investigadora.

(Se deroga).

Artículo 94. ...

I a VI. ...

VII. ...

...

...

...

...

a) ...

Las resoluciones en las que la comisión determine la existencia de disposiciones jurídicas que indebidamente impidan o distorsionen la libre concurrencia y competencia en el mercado, deberán notificarse a las autoridades competentes para que, en el ámbito de su competencia y conforme los procedimientos previstos por la legislación vigente, determinen lo conducente. Estas resoluciones deberán publicitarse y tendrán efectos vinculantes ;

b) a d) ...

...

...

...

...

...

Artículo 96. ...

I a IX. ...

X. Una vez integrado el expediente, la Comisión emitirá resolución u opinión en un plazo no mayor a treinta días, misma que se deberá notificar, en su caso, al Ejecutivo Federal y la autoridad coordinadora del sector correspondiente y publicar en la página de internet de la Comisión, así como publicar los datos relevantes en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, para efectos de que, en su caso, la autoridad coordinadora del sector pueda establecer la regulación y las medidas correspondientes, para lo cual podrá solicitar la opinión de la Comisión, misma que tendrá efectos vinculantes .

...

Artículo 104. ...

...

I a III. ...

...

a) a c) ...

La opinión formal emitida tendrá efectos vinculantes para el agente económico.

...

Artículo 124. La información y los documentos que la Comisión haya obtenido directamente en la realización de sus investigaciones y diligencias de verificación, será considerada como Información Reservada, Información Confidencial o Información Pública, en términos del artículo 125 de esta ley, y del Capítulo III del Título Primero de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

...

...

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido en el mismo.

Dado en el recinto legislativo de la Cámara de Diputados, a 29 de septiembre de 2016.

Diputado Luis Fernando Antero Valle (rúbrica)

Fuente:

Gaceta Parlamentaria, año XIX, número 4628-III, jueves 29 de septiembre de 2016
Iniciativas
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo del diputado Luis Fernando Antero Valle, del Grupo Parlamentario del PAN.